JUZGADO CINCUENTA Y DOS  PENAL MUNICIPAL
CON FUNCIÓN DE GARANTÍAS

CARRERA 29 No. 18 – 45, BLOQUE C, PISO 2º TELÉFONO 4 28 70 57

ACCIÓN DE TUTELA No. 078 – 2008

Bogotá, D.C.; veintitrés (23) de enero de dos mil nueve (2009).

MOTIVO DEL PRONUNCIAMIENTO.

Procede el despacho conforme a lo reglado por el decreto 2591 de 1991, a proferir fallo de tutela dentro de la presente acción, en la cual actúa como accionante el joven J. S. G. A., identificado con la T.I. No. xxxxx – xxxxx de Bogotá, D.C.; contra la INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL COLEGIO TABORA.

DE LA ACCIÓN DE TUTELA.

Señala el accionante en el cuerpo de la acción que desde el grado quinto de primaria se encuentra vinculado como estudiante a la Institución Educativa Distrital Colegio Tabora hasta el grado décimo.

Que un ex – alumno del colegio creo en la pagina web “facebook”, un grupo denominado “odio a los profesores mediocres del tabora”.

Informa al despacho el accionante que ingreso al mencionado grupo o pagina y encontró varias observaciones de varios alumnos contra la profesora S.B., quien según él, dicha profesora es su maestra de Química y Biología.

Informa el accionante que con la profesora S.B., había tenido un disgusto, y estando en la pagina web de “facebook”, hizo el siguiente comentario “Denise la cucha puede ser buena profesora pero definitivamente pienso que yo que le tocó ser profesora porp es una desgraciada que se la monta a cualquiera por cualquier cosa y vive reamargada…. y quien no la conociera diría que es una profesora muy alegra…… con esa sonrisa de hipócrita……. que ascooooooooo”.

Considera el acciónate que en efecto plasmó su sentir, y que eso hace parte del libre desarrollo de su personalidad, que una persona desgraciada es una persona sin gracia y una persona hipócrita es aquella que muestra una personalidad diferente a la real.

Informa el accionante que la Institución Educativa Colegio Tabora, tuvo conocimiento de la existencia de la mencionada página web e inicio una serie de investigaciones.

El día veinticuatro (24) de noviembre de dos mil ocho (2008), la accionada le hace entrega al alumno que hoy es el accionante, una citación por parte de la coordinación de disciplina del plantel a fin que se haga presente con su acudiente.

La mencionada citación se cumplió el día veinticinco (25) de noviembre de dos mil ocho (2008), a la cual informa el accionante se acercó en compañía de sus padres, una vez presentes se dio inició a una reunión precedida por la coordinadora de convivencia, el profesor O. G. G., quien se desempeña como miembro de la comisión de convivencia, la profesora M. G., quien tenía la calidad de secretaria de dicha comisión.

Señala el accionante que los profesores mencionados habían sido afectados con comentarios en la pagina web “facebook”.

Que los profesores aplicaron su juicio subjetivo y desde el inició de la reunión empezaron a calificar la conducta del accionante como gravísima.

Señala el accionante que habló con la docente S. B., y le pidió disculpas, disculpas que fueron aceptadas por la docente.

Indica en el cuerpo de la tutela que la materia de Convivencia Social se le calificó como INSUFICIENTE para el último periodo, que en acumulado del año el global del año arrojo INSUFICIENTE, a pesar que en los tres (3) primeros periodos académicos se le había calificado la mencionada asignatura con EXCELENTE.

No conforme con lo anterior, señala el accionante, el Establecimiento Educativo accionado procedió a cancelar la matricula para el año lectivo dos mil nueve (2009).

Señala el accionante que la Institución Educativa Distrital Colegio Tabora, le violó su derecho a la educación, libre desarrollo de la personalidad, igualdad, debido proceso.

Solicita el accionante se ordene a la accionada le permita matricularse para cursar grado once (11) y proceda a corregir la calificación de la asignatura convivencia y que INAPLIQUE toda norma o circular que atente contra el derecho a la educación y a la igualdad.

DE LA RESPUESTA DE LA ACCIONADA.

Señala la Institución accionada que el accionado cometió una falta gravísima sancionable con la cancelación de la matrícula, que el estudiante acomodo las circunstancias y que la docente S.B. no es una desgraciada, que en la audiencia se le preguntó si alguien lo había obligado a escribir las ofensas y respondió que no, indica que el ejercicio del derecho a opinar no se extiende hasta el limite de infringir la ley penal, que la injuria de hecho es un tipo penal que protege el derecho a la honra y al buen nombre, que se le garantizaron todos los derechos en especial el debido proceso garantizando la doble instancia.

Aporta las copias del procedimiento que se siguió al estudiante por su falta.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO.

DEL DEBIDO PROCESO.

Lo primero que el despacho debe resaltar es que el artículo 29 de la Constitución:

ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.(negrilla y subrayado fuera de texto).

Al respecto, revisa el despacho el manual de convivencia de la Institución Educativa Distrital Colegio Tabora, que en su artículo 25 indica el procedimiento en caso de cancelación de matrícula en su literal i señala:

PROCEDIMIENTO EN CASO DE CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA

    1.  
      1. Investigación preliminar y acopio de pruebas a cargo del coordinador de convivencia.

Si se encuentra merito, se abre el proceso disciplinario, de lo contrario de archivará la investigación. (negrilla y subrayado fuera de texto).

Llama la atención del despacho que la Institución Educativa Distrital Colegio Tabora, que según se evidencia de su escrito de contestación a la acción de tutela adelantada en su contra y suscrito por su rectora Sra. J. G. R., se precia de tener conocimiento basto en materia legal pues habla de tipos penales y que el accionado es destinatario de la ley penal de acuerdo a su edad, haya pasado por alto un derecho fundamental como lo es el debido proceso, que además de ser norma rectora de cualquier procedimiento legal, administrativo o disciplinario como es el caso que hoy nos ocupa, es una norma constitucional, que prima sobre cualquier otro tipo de norma incluso las penales que tanto aduce en el escrito la accionada Institución Educativa.

Dentro de la documentación aportada por el establecimiento educativo, en efecto se encuentra copia del acta de veinticinco (25) de noviembre de dos mil ocho (2008), en la cual se le sanciona al accionante con la cancelación de la matrícula de acuerdo al manual de convivencia, por considerar que la falta cometida fue gravísima.

Encuentra el despacho que en ninguna parte de la información aportada por la entidad accionada, figura constancia alguna que se dio cabal cumplimiento al literal (i) del artículo 25 del manual de convivencia de la Institución Educativa Distrital Colegio Tabora:

  1.  
    1. Investigación preliminar y acopio de pruebas a cargo del coordinador de convivencia.

Si se encuentra merito, se abre el proceso disciplinario, de lo contrario de archivará la investigación. (negrilla y subrayado fuera de texto).

Para el despacho es claro que dentro de la información aportada no se encuentra ninguna prueba que en la investigación disciplinaria al joven J. S. G. A., se haya agotado la etapa de investigación preliminar, es de resaltar que de la lectura del citado literal se evidencia que el agotamiento de dicha etapa es de carácter obligatorio, el mismo manual de convivencia señala las etapas que deben surtirse en el procedimiento para la cancelación de la matrícula de un estudiante y una de ellas es la investigación preliminar.

Lo anterior se hace evidente y muestra que por parte de la Institución Educativa accionada se violó en forma flagrante el derecho constitucional fundamental al debido proceso, pues no se agotaron las etapas procésales que el mismo manual de convivencia determina.

Señala al respecto la Corte Constitucional que el debido proceso es:

“como todo el conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido a cualquier proceso, que le aseguran a lo largo del mismo una recta y cumplida administración de justicia, la seguridad jurídica y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a derecho”. CORTE CONSTITUCIONAL. SENTENCIA T 3668, FEBRERO 12/93, Jaime Sanin Greiffenstein

Más adelante señala la misma Entidad:

“El derecho al debido proceso es el que tiene toda persona a la recta administración de justicia. Es el que satisface todos los requerimientos, condiciones y exigencias necesarios para garantizar la efectividad del derecho sustancial”.

La anterior violación se potencializa cuando en el artículo 28 del manual de convivencia en su literal (d) señala:

Artículo 28: Clases de Sanciones

(…)

d. Cancelación de matrícula: cuando la falta de un alumno se encuentre tipificada como aparece en el artículo 25 ó el alumno sea reincidente y haya agotado las instancias competentes, previo estudio de los entes institucionales encargados, se cancelará la matrícula del alumno. Para ello se elaborará un acta rectoral. (Subrayado fuera de texto).

Para el despacho es claro que conforme a la clasificación de las sanciones establecida en el manual de convivencia todas las faltas contenidas en el artículo 25 del citado manual, valga decir, leves, graves y gravísimas son susceptibles de sancionarse con la cancelación de la matrícula, lo cual hace aún más indispensable que la institución accionada agotará todas las etapas que ella misma estableció para el procedimiento disciplinario.

Conforme a lo anterior, resalta el despacho que la Institución accionada violó el debido proceso, por el cual debe entenderse “es la sumatoria de actos preclusivos y coordinados, cumplidos por el funcionario competente”, conforme a éste concepto un proceso tiene etapas y deben cumplirse, a este respecto señala MARTÍNEZ RAVE “Lo que significa que deben respetarse los formalismos o procedimientos que la ley ha previsto para la investigación y juzgamiento”.

Estando clara la violación flagrante sufrida por el accionado en el procedimiento adelantado por la Institución Educativa, debe el despacho reiterar que en un procedimiento cuando se establecen unas etapas, dichas etapas deben cumplirse salvo que dentro de la misma normatividad se establezca alguna excepción al cumplimiento de dicha etapa; excepción que no existe en el manual de convivencia de la institución educativa accionada.

DE LAS VÍAS DE HECHO.

En relación a la procedencia de la acción de tutela cuando se han presentado vías de hecho en un procedimiento judicial, administrativo o disciplinario como es el que nos ocupa en esta ocasión, la Corte Constitucional ha advertido:

“ésta resulta procedente en todos aquellos casos en los que la actuación de la autoridad judicial carezca de fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una actitud arbitraria y caprichosa que traiga como consecuencia la vulneración de derechos fundamentales de la persona, incurriendo de esa manera en lo que se ha denominado como “vía de hecho”. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T – 518 de 1995. Expediente T – 75.675. Quince (15) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). Mg. Ponente. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

Más claro, es el hecho que la misma entidad como máximo garante de la Constitución ha analizado el tema y ha establecido claramente: “Las “vías de hecho” implican una decisión judicial contraria a la Constitución y a la Ley, que desconoce la obligación del Juez de pronunciarse de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y según las pruebas aportadas al mismo, (…)”[Sentencia T – 518 de 1995. Expediente T – 75.675], ahora bien, ha reiterado en forma precisa la Corte Constitucional que de ninguna manera se puede admitir que el funcionario público aplique la ley en forma caprichosa, porque ello implica un abandono de la legalidad, situación que es evidente ocurrió en el procedimiento disciplinario adelantado contra el accionante, pues se reitera no existe prueba alguna que la Institución Educativa haya adelantado la etapa previa o preliminar de que habla el manual de convivencia en los casos de cancelación de matrícula:

“Los servidores públicos y específicamente los funcionarios judiciales, no pueden interpretar y aplicar las normas en forma arbitraria, pues ello implica abandonar el ámbito de la legalidad y pasar a formar parte de actuaciones de hecho contrarias al Estado de derecho, que pueden ser amparadas a través de la acción de tutela”. Sentencia T – 518 de 1995. Expediente T – 75.675

Ahora bien, considera el despacho que hubo una vía de hecho en el procedimiento adelantado por parte de la Institución Educativa Distrital Colegio Tabora, no obstante y de ello hace énfasis el despacho, se le permitió al accionante ejercer su derecho de contradicción y doble instancia, pero ello, no subsana la irregularidad manifiesta al no concretar se la etapa previa establecida en el manual de convivencia, debe el despacho aclararle a la institución educativa accionada que en todo procedimiento que tenga el carácter sancionatorio, como lo son los penales y disciplinarios, la única forma de obviar el procedimiento previo si esta establecido como es el caso de hoy, es que el presunto infractor sea descubierto en flagrancia, siempre y cuando dicha excepción se encuentre igualmente establecida en el ordenamiento jurídico, sin embargo, dentro del procedimiento para la cancelación de matrícula a un educando establecido por la Institución Educativa Distrital Colegio Tabora, no existe la excepción de la que se esta hablando, es decir, no hay posibilidad alguna a que se obvie el procedimiento de la etapa preliminar bajo las circunstancias de la flagrancia y menos aún bajo cualquier otra circunstancia, lo cual reitera éste despacho, hacía imprescindible que se llevara a cabo dicha etapa y se dejara constancia del agotamiento de la misma dentro del procedimiento disciplinario adelantado.

Es claro para el despacho, que la institución accionada no permitió la concreción de todos y cada uno de los derechos fundamentales del accionado a través del procedimiento adelantado en su contra, pues hizo un ejercicio arbitrario de poder (abuso de poder), que mal podría ésta autoridad judicial admitir y menos asumir como cierta la respuesta otorgada por la accionada en su escrito en el acápite “FRENTE AL ACÁPITE DENOMINADO FUNDAMENTOS DE HECHO”, en el cual indica con relación al hecho primero del escrito de tutela “al accionante se le concretaron todas las garantías constitucionales y legales”.

La anterior afirmación hecha por la Sra. Rectora de la institución accionada, no demuestra la realidad de los hechos, pues nunca se garantizó el derecho fundamental al debido proceso, derecho fundamental que se recuerda y reitera se encuentra consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, y es de obligatorio cumplimiento sin importar la clase de falta que se haya cometido, se le recuerda a la accionada que en su escrito de contestación a la presente acción hizo alarde de normas penales, que tanto los procesos de ésta índole como los disciplinarios, por tener similitudes, como lo son el carácter sancionador, tienen principios igualmente similares, entre ellos el de proteger a toda costa la vulneración de los derechos del investigado, caso que no sucedió con J. S. G. A., pues se le violó desde el inicio su derecho al debido proceso por las razones que se han venido exponiendo a lo largo del presente fallo, debe tenerse presente que en ningún caso, el estado a través de sus distintas autoridades puede violentar éstas garantías constitucionales, convirtiéndose en un inquisidor, por el contrario, debe garantizarlas al máximo a fin que sobre sus actos y decisiones no recaigan sospechas ni reproches como es el caso que nos ocupa.

Los derechos fundamentales, conforme al querer del Constituyente de 1991, son para cumplir sin importar la situación que haya originado la investigación, si el constituyente de 1991, en su libertad de configuración normativa hubiese querido que existieran excepciones a la aplicación del debido proceso, sin lugar a dudas las habría plasmado en el artículo 29 de la norma superior, pero ello no es así, por lo tanto el debido proceso debe garantizarse sin importar el sujeto activo de la acción disciplinaria ni la conducta misma desplegada por el actor.

LA TITULARIDAD DE LA ACCIÓN PENAL EN DELITOS QUERELLABLES ES PERSONAL E INTRANSFERIBLE.

Llama poderosamente la atención del despacho, el escrito presentado por la Institución Educativa Distrital Colegio Tabora, en su calidad de accionada y suscrito por su rectora la Sra. J. G. R., indicando la comisión de conductas punibles, para lo cual el despacho se permite citar textual las afirmaciones hechas en el escrito por la citada rectora de la institución educativa, “En el Manual de Convivencia no constituye falta pertenecer a determinado grupo, sin embargo, en el caso merece un reproche porque el tipo penal denominado concierto para delinquir, se configura cuando una o más personas se reúnen para atentar contra los derechos de las personas y para comisión de tipos penales”.

Más adelante señala el mismo escrito, “La injuria de hecho es un tipo penal que protege un bien jurídicamente tutelado llamado Derecho a la honra y al buen nombre“.

Paradójicamente el escrito de respuesta de tutela se asemeja más a una antigua resolución de situación jurídica o a una resolución de acusación penal, por cuanto continua con una serie de argumentos que se salen del contexto de la acción de tutela, al respecto afirmó la accionada a través de su rectora:

“De acuerdo al dicho del estudiante la disculpa ofrecida y presuntamente aceptada por la ofendida, libró al accionante de ésta tutela, a responder penalmente y responder por los daños causados ante los jueces para adolescentes por el delito de injuria de hecho porque de acuerdo a la edad, ya es destinatario de la ley penal”

El estudio del presente acápite debe iniciarse por aclararle a la rectora del Colegio Tabora Institución Educativa Distrital, Sra. J. G. R., quien suscribe la contestación de la acción de tutela interpuesta, que no se esta discutiendo la existencia de una conducta punible ni mucho menos la autoría de la misma, ello no se hace en sede de tutela, se hace en una investigación penal rodeada de todas las garantías constitucionales y ante un juez natural, que es un juez de infancia y adolescencia.

Como segunda aclaración a hacer a la institución accionada, la injuria por vías de hecho contenida en el artículo 226 de la ley 599 de 2000, es una conducta querellable, de hecho y aunque se reitera éstos temas no se discuten a través de la vía de tutela, la legislación penal Colombiana establece el fenómeno de la retractación contenido en el artículo 225 de la citada ley.

Ahora bien, recalca éste despacho a la entidad accionada que se esta en presencia de una eventual conducta de injuria por vías de hecho, lo cual como se anotó anteriormente es una conducta querellable al tenor de lo señalado por el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, pero aún más, el hecho que sea un conducta de tipo querellable hace que la acción penal sea adelantada única y exclusivamente por la victima de la conducta no por cualquier persona que desee asumir posiciones de victima que no le corresponden, al respecto el artículo 71 de la Ley 906 de 2004 es muy claro: “La querella únicamente puede ser presentada por el sujeto pasivo del delito”.

Debe el despacho forzosamente aclarar ante la manifiesta ignorancia de la ley penal mostrada por la entidad accionada a través de su rectora Sra. J. G. R., y que tanto cita en su escrito de contestación, que la institución educativa no es la victima de la conducta agraviante que desplegó el accionante, la victima es la docente S.B., en este sentido, es ella la única persona con el derecho a solicitar a la Fiscalía General de la Nación el inicio de una acción penal por la conducta de injuria por vías de hecho, y es precisamente el Ente Investigador el llamado a determinar la conducta punible si existiere y por la cual deba investigarse al presunto infractor, no la Institución Educativa, y menos aún podría éste despacho admitir los juicios de valor hechos por la accionada, la cual señala que hubo adicional a la comisión la una presunta injuria por vías de hecho, un concierto para delinquir, ello desborda cualquier limite a las facultades de la institución educativa, pues ésta ha sido creada para la formación de los jóvenes, no para establecer responsabilidades de tipo penal pues para ello están los Jueces Penales de la República y en el caso de los adolescente los Jueces de Infancia y Adolescencia, previa investigación y adecuación de la conducta por parte de la Fiscalía General de la Nación, ente creado por el constituyente de 1991 para adelantar dicha tarea.

No comprende el despacho como una institución creada para educar, asume posiciones tan delicadas como señalar en un escrito de contestación que una persona incurrió en un concierto para delinquir, la llamada empresa criminal, y todo lo anterior como mecanismo de defensa para ocultar la violación a las garantías constitucionales procesales en las que incurrió, intentar atribuir un concierto para delinquir constituye una acusación muy grave, pero es evidente que dicha acusación es hecha por la accionada como uno más de sus intentos por sustituir o suplantar en el ejercicio de sus derechos a la docente SONIA BARRERA, quien fue la persona objeto del agravio por parte del accionante.

DE LA FALTA DE ESTUDIO DEL ESCRITO DE TUTELA POR PARTE DE LA ACCIONADA.

Entre todas las irregularidades encontradas por el despacho se haya una bien particular, y es la falta de análisis, estudio y atención que puso la accionada al escrito de tutela presentado por el accionante, señala la accionada:

“Sin embargo, puede más la prepotencia y la soberbia del joven que no de su familia, pues quiere demostrarle a todos sus compañeros que a pesar de la falta tan grave cometida, haciendo uso abusivo de la Acción de Tutela, coadyuvado por un abogado, (…)” (negrilla y subrayado fuera de texto).

Se le aclara a la accionada, que en esta oportunidad el accionante actúo en nombre propio, no solicito la protección de sus derechos a través de un profesional del derecho, lo anterior, solo hace ver que efectivamente la institución accionada no tomo seriamente la presente acción, naturalmente como era su deber, pues ni siquiera se percato que el accionante estaba actuando en nombre propio, en un acto que a consideración del despacho constituye prepotencia y soberbia como bien lo señala la misma accionada, con la diferencia que en este caso quien actúa con prepotencia y soberbiamente es la entidad accionada y no el accionante como lo quiere hacer ver la primera.

DEL AGRAVIO SUFRIDO POR LA DOCENTE.

Si bien es cierto, éste despacho hasta el momento ha dado énfasis en las irregularidades presentadas en el procedimiento disciplinario adelantado por la accionada, en sus intromisiones en el campo de los derechos individuales de la docente S.B. al pretender el adelantamiento de una eventual acción penal y a la falta de atención puesta al escrito de tutela, también debe el despacho analizar la conducta del accionante.

Bajo ninguna premisa lógica, puede éste Juez de tutela justificar el comportamiento vil y reprochable que mostró el joven J. S. G. A. hacía su docente, pues esto es una acción propia de vándalos, faltar a la dignidad de una persona en una forma tan ruin en efecto constituye un agravio gravísimo y digno del reproche más severo, al igual que una sanción ejemplarizante, porque dichos comportamientos no pueden admitirse de ninguna persona y menos de alguien que esta asistiendo a un aula de clase a formarse no solamente académica sino personalmente.

DECISIÓN DEL DEPACHO.

Si bien es cierto, el despacho reprocha el comportamiento vil adelantado por el accionante y que afecta la dignidad de la docente S. B., por lo cual es claro que merece el reproche más severo por la conducta desplegada, como bien se señaló en el acápite anterior, ello no indica que deba continuar violando sus derechos fundamentales haciendo caso de las pretensiones de la Institución Educativa Distrital Colegio Tabora, pues como se ha anotado en el presente fallo de tutela, dicha institución incurrió en tantas irregularidades en el procedimiento adelantado, que no obstante haber impuesto una sanción que a consideración de éste despacho es merecida, la irregularidades, afectaron tanto el procedimiento como la decisión final.

Como se anotó, se incurrieron en vías de hecho en el procedimiento, pero no fue solo en ello donde se configuraron dichas vías de hecho, si bien es cierto, como lo señala la entidad accionada, es imposible cuantificar matemáticamente la asignatura de convivencia social para pretender que valoraciones de excelente y sobresaliente conviertan un insuficiente en una nota positiva, también constituye una falta a la lógica común que existiendo tres (3) notas positivas y una (1) nota negativa, el global total del año arroje como resultado una (1) nota negativa, tanto dichas calificaciones no son cuantificables tampoco puede admitirse que violen los principios de la lógica común, dicho resultado constituye una nueva vía de hecho por violar la lógica, al respecto el Diccionario de la Real Academia en su Vigésima segunda edición enseña que la lógica es: “Disposición natural para discurrir con acierto sin el auxilio de la ciencia.”, y lo anterior es bastante grave, pues con una nota global de insuficiente, considera el despacho efectivamente se afecta el derecho a la educación, pues contrario a lo señalado por la accionada, la lógica y la reglas de la experiencia enseñan que con una calificación de este tipo, difícilmente se admite a un estudiante en una institución educativa formal, de tal manera que además de constituir una vía de hecho evidente, de paso se esta afectando el derecho a la educación de J. S. G. A., pues como se reitera con un global de insuficiente es difícil que sea aceptado en otra institución educativa, se le recuerda a la accionada que el global del año corresponde a los cuatro periodos lectivos de educación, lo cual indica que el accionante presentó insuficiencia en la asignatura de convivencia social por lo menos dos de los cuatro periodos y de hecho las reglas de la experiencia señalan que para que el global arrojará insuficiente se hace necesario que fuesen tres (3) periodos calificados negativamente, situación que no ocurrió en la realidad configurándose se reitera una vía de hecho afectando la lógica y las reglas de la experiencia común.

Conforme a lo analizado en el presente fallo, y aclarando que efectivamente la actitud y acción adelantada por el accionante merecen el reproche más severo, éste despacho considera que efectivamente hubo violación al debido proceso disciplinario adelantado por la Institución Educativa Distrital Colegio Tabora, por incurrir en vías de hecho al omitir el cumplimiento de la etapa de investigación preliminar establecida en el manual de convivencia de la institución accionada, que afecto sustancialmente tanto el procedimiento adelantado como la decisión final de cancelación de la matrícula a J. S. G. A., en consecuencia se ORDENA al COLEGIO TABORA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL, que dentro del término improrrogable de veinticuatro (24) horas contadas a partir del momento en que se le notifique el presente fallo de tutela proceda sin dilación alguna a matricular a J. S. G. A. para grado once (11).

En relación al tema de la nota de la asignatura de convivencia social, como quiera que la entidad accionada también incurrió en una vía de hecho, el despacho ORDENA al COLEGIO TABORA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL, que dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del momento en que se le notifique el presente fallo de tutela, proceda sin dilación alguna a corregir la nota global de la asignatura convivencia social correspondiente al año dos mil ocho (2008), y en consecuencia se cambie por una nota que corresponda a la lógica y a las reglas de la experiencia común.

Igualmente se le advierte a la accionada que deberá cesar y abstenerse de adelantar cualquier acto que tienda a violar los derechos constitucionales del accionante.

Contra la presente decisión proceden los recursos de ley.

En caso de no ser recurrida el presente fallo, una vez quede en firme remítase a la Corte Constitucional a fin que se adelante su eventual revisión por dicha entidad.

En nombre de la REPÚBLICA DE COLOMBIA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EL JUZGADO CINCUENTA Y DOS (52) PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ, D.C.

RESUELVE.

PRIMERO: TUTELAR los derechos de J. S. G. A., y en consecuencia ORDENAR al COLEGIO TABORA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL, que dentro del término improrrogable de veinticuatro (24) horas contadas a partir del momento en que se le notifique el presente fallo de tutela proceda sin dilación alguna a matricular a J. S. G. A. para grado once (11).

SEGUNDO: ORDENAR al COLEGIO TABORA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL, que dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del momento en que se le notifique el presente fallo de tutela proceda sin dilación alguna a corregir la nota global de la asignatura convivencia social correspondiente al año dos mil ocho (2008), y en consecuencia se cambie por una nota que corresponda a la lógica y a las reglas de la experiencia común.

TERCERO: ORDENAR al COLEGIO TABORA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL, que deberá cesar y abstenerse de adelantar cualquier acto que tienda a violar los derechos constitucionales del accionante.

CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de ley.

QUINTO: En caso de no ser recurrida el presente fallo, una vez quede en firme remítase a la Corte Constitucional a fin que se adelante su eventual revisión por dicha entidad.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE.

JENNY ROSANIA JIMENEZ.
JUEZ

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